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El Ministerio Público depositó en la madrugada de este viernes, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación Nido.
La procuradora fiscal Sourelly Jáquez declaró ante medios de comunicación que en el expediente el órgano persecutor solicita prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso.
“El Ministerio Público ha presentado la medida de coerción en el presente caso de una estafa fraudulenta a personas que viven en el territorio nacional y otras en el extranjero”, dijo Jáquez, quien afirmó que el expediente tiene de más de 400 páginas y unos 200 elementos de pruebas, entre las cuales están las testimoniales, periciales y financieras, entre otras.
El órgano persecutor ha establecido que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a más de 700 millones de pesos, afectando a más de 300 víctimas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
Jáquez precisó que para la elaboración del expediente fueron interrogados imputados, victimas y personas que vendieron parte de los terrenos donde se construirían los supuestos proyectos para estafar a las personas.
Además de Jáquez, en el depósito de la solicitud de medida de coerción participaron los procuradores fiscales Andrés Mena, Emmanuel Ramírez y de la Fiscalía del Distrito Nacional, la fiscal Laura Vargas Toledo.
Los imputados en el caso
La investigación del órgano persecutor, en la que son imputados Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC, indica que la mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.
Además, que cuando reclamaban varios de ellos eran amenazados e intimidados por el cabecilla de la red, Emmanuel Rivera Ledesma, quien los desafiaba a ir a la justicia, instancia en la que, según pregonaba, las víctimas saldrían sin lograr nada.
“Entendemos que los hechos son graves, que la afectación no es solamente económica, sino también en el plano psicológico, emocional, familiar, hasta laboral incluso, de muchas de estas víctimas”, dijo Jáquez, quien indicó que muchas de las personas estafadas batallan con condiciones delicadas de salud.
La red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq y SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios.
Durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
Investigación y los allanamientos
A raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
En el despliegue de la Operación Nido, iniciada la madrugada de este miércoles y todavía en proceso, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco (25) allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
Un total de 170 policías y 28 fiscales procedieron a ejecutar las órdenes de requisas y arrestos en contra de los objetivos de la investigación, al tiempo que ocuparon evidencias vinculadas al caso.
