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Las autoridades del país agotaron un tiempo imprescindible con la inversión del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), sin retomar el camino de la calidad enseñanza-aprendizaje en las escuelas. Ese fue un tema esencial del Pacto Educativo firmado por diez candidatos presidenciales el 8 de septiembre de 2011, durante el proceso electoral para los comicios del año siguiente.
Una década después los índices de calidad de la educación siguen registrando niveles preocupantes en República Dominicana. Los gobiernos y el liderazgo nacional se han resistido a abordar el tema de la educación gobernable en las escuelas públicas. Con el paso de los años se han permitido o ignorado las retrancas político-partidistas que erosionan la estructura del Ministerio de Educación, afectando la marcha eficiente del sistema educativo. Se impide aplicar una política de Estado, sino de una gestión.
Los grandes partidos políticos y contados de la izquierda “revolucionaria” lograron imponer las reglas de juego en un área medular del sistema educativo. No para beneficiar la calidad de los aprendizajes de más de dos millones de niños, niñas y adolescentes, sino para sus beneficios particulares.
Esas organizaciones tomaron en las últimas décadas la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que se ha transformado en un emporio que maneja cientos de millones de pesos provenientes del 1% descontado a salarios de los profesores. El sindicato es hoy por hoy el brazo armado para librar las batallas dentro del Ministerio de Educación.
Poder partidario
Solo para que se tenga una idea de la dimensión de esta práctica. La ADP celebra elecciones hoy, 13 de octubre, para elegir su dirección nacional y los representantes en las 155 seccionales de los distritos y regionales educativas del país. Votarán más de 100 mil maestros. En estos comicios vuelven a enfrentarse las corrientes magisteriales del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien domina el sindicato y postula a la reelección a la profesora Xiomara Guante, contra el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que con su corriente magisterial Eugenio María de Hostos repite por enésima vez la candidatura del exdiputado y expresidente de la ADP, Eduardo Hidalgo.
A última hora se formó una alianza contra Hidalgo y el PLD, integrada por las corrientes magisteriales José Francisco Peña Gómez (PRM); “Fuerza Magisterial” (Fuerza del Pueblo (FP)), con su candidato Tomás Pichardo; Salomé Ureña de Henríquez, Pedro Mir, y Juan Pablo Duarte (Frente Amplio), con Juan Núñez. La ADP abriga en su seno otras corrientes minoritarias como Emilio Prud’Homme y María Trinidad Sánchez.
Cuando el sindicato se fundó el 13 de abril de 1970 guiado por la fervorosa asamblea del Teatro Agua y Luz, ya el sector educativo se encontraba en un proceso de involución. Las radicales jornadas de lucha contra el régimen de Joaquín Balaguer solo obtuvieron en 1972 la promulgación del Escalafón de los trabajadores de la enseñanza, que nunca se ha cumplido.
En los gobiernos de Balaguer el único requisito que se necesitaba para designar o promover a un profesor, directores de distrito, regional y de escuelas, secretarias y conserjes, era una carta del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Este mecanismo clientelista continuó en los sucesivos gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), del PLD, y persiste sin carta en el PRM.
La situación contribuiría a través de los años con los limitados avances alcanzados en el Plan Decenal de Educación. Y más tarde, cuando ya el PLD estaba en el poder, en la Ley de Educación 66-97. Hoy todo el liderazgo sabe que se requiere una modificación urgente de la normativa, para adaptarla a esta nueva realidad. En el Ministerio de Educación la tensión no solo proviene de la ADP, sino también de grupos como la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted), Asociación Dominicana de Maestros Pensionados y Jubilados (Adomapeju), que se rigen por la Ley 451-08, y la Asociación Nacional de Directores y Coordinadores de Centros Educativos Públicos (Adicep), creada al vapor en el proceso de transición del gobierno.
El 4% del PIB
Las dos décadas de gobiernos del PLD, con Leonel Fernández y Danilo Medina, fueron determinantes para el poderío e influencia acumulados en las políticas educativas por el sindicato de maestros dirigido por los partidos. Esta realidad se dimensionó con el 4% del PIB, que garantiza al Ministerio de Educación un astronómico presupuesto que en ocasiones supera los RD$200,000 millones.
Es preciso recordar que quien fuera presidente de la ADP, profesor Radhamés Camacho, miembro del Comité Político y secretario de educación del entonces partido gobernante, se convirtiría luego en un superdiputado que logró la presidencia de la cámara baja en dos ocasiones y aún conserva su curul.
También el actual candidato de la ADP, Eduardo Hidalgo, considerado un amanuense de Camacho, desempeñó en su momento de manera conjunta la función de diputado peledeísta y presidente del sindicato. Ambos impusieron en cada caso la línea del partido como un solo cuerpo.
El padrón y la nómina
Al PLD se le atribuye que desde el gobierno superó en el Ministerio de Educación y ADP los métodos clientelistas balagueristas, al margen de los programas de construcción de aulas, incremento salarial del docente, impacto en la distribución de insumos y aumento de horario escolar.
El partido morado habría utilizado mecanismos modernos de control con su padrón electoral, que les permitían hacer cruces con la nómina de Educación. O sea, que la designación, traslado, ascenso y permanencia del personal docente y administrativo estaba pre-determinado y no respondía necesariamente al concurso establecido en el artículo139 de la Ley de Educación.
Por eso cuando en 2018 el ministro de Educación, Andrés Navarro, dispuso designar por ternas a los directores regionales y distritales en medio de rumores de que aspiraba a la presidencia de la República, el propio Camacho le formuló duras críticas y recordó en su lenguaje que “esos son los que buscan los votos” al PLD.
Hay también un caso particular que atrae la atención y desnuda la debilidad institucional que arrastra el Ministerio de Educación. Es la actitud asumida por alrededor de 5,000 técnicos agrupados en la Anproted, que cada vez que se anuncian concursos activan su plan de lucha y denuncian acoso laboral. Se conoce la forma irregular en que fueron promovidos por lo menos 1,600 de estos técnicos que siguen cobrando como profesores. Nunca han pasado un concurso y muchos ni siquiera son docentes, lo cual provoca indisciplina en los centros educativos. sin que las autoridades busquen una solución definitiva.
Calidad educativa
Mientras tanto con la inversión del 4% del PIB continúa la expectativa de que en la gestión del presidente Luis Abinader y Rafael Fulcar se puedan redoblar los esfuerzos, para impactar de manera positiva los aprendizajes de los estudiantes, que aún reportan un mínimo en comprensión lectora, y en matemáticas y ciencias. Los organismos especializados aseguran que es imprescindible que las autoridades de Educación atiendan las competencias del maestro y que cambien los mecanismos de formación del personal docente, ya que el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña no ha logrado su objetivo. Además se cuestiona que los concursos que se han utilizado para el ingreso del personal al sistema educativo no son exactamente los mejores y que los compromisos para establecer una educación de calidad y mejora de las condiciones laborales y de vida del maestro han demostrado debilidades en el manejo eficiente.
Los resultados de las elecciones de la ADP están a la vuelta de la esquina en medio de la pandemia del Covid-19. De ese acontecimiento no debiera depender la paz o la guerra contra la política educativa de la actual gestión gubernamental, ni jugarse la vida o la muerte tomando las calles nuevamene, como ha sido la tradición.
No obstante, todo parece indicar que si no se busca un consenso entre los principales actores de la sociedad para garantizar la buena marcha del sistema educativo, y se establece un blindaje de los recursos financieros del 4% del PIB, el Ministerio de Educación seguirá a merced del vaivén de los intereses partidarios, que son muchos y variados.
