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El gobierno del presidente Luis Abinader ha emprendido acciones con el aparente propósito de desaparecer del Estado dominicano instituciones, programas, políticas oficiales y simbologías, que jugaron un papel determinante en el triunfo peledeísta durante los 20 años de su régimen.
La resonancia de la novedosa práctica se advierte esta semana con el desmantelamiento de la todopoderosa antigua estructura de comunicación implantada por el gobierno del expresidente Danilo Medina, y que habían heredado las nuevas autoridades del Palacio Nacional.
Abinader borró de un plumazo la Dirección General de Comunicaciones (DICOM), y la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica (DIAPE), creando de inmediato la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental que coordinará las políticas de comunicación de los distintos entes y órganos del Poder Ejecutivo.
El mandatario creó además la Dirección de Prensa del Presidente, que sustituye a la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia, para que se encargue de gestionar las disposiciones comunicacionales del presidente de la República e informe sobre las actividades del mantario y sus funcionarios.
Elimina instituciones
No obstante, desde antes de juramentarse el 16 de agosto del año pasado, Abinader trazó las pautas sin previo aviso. Anunció a través de las redes sociales que cerraría la influyente Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), fusionaría el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con Bienes Nacionales y que el poderoso Despacho de la Primera Dama operaría como una oficina modesta.
El presidente electo aseguró también que eliminaría la controversial Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), que el Ministerio de Energía y Minas pasaría a ser el ente regulador del sector eléctrico. Estableció que la Superintendencia de Electricidad sería el órgano regulador de esta industria y pasaría a ser independiente.
Además, que la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) y las plantas termoeléctricas Punta Catalina serían las generadoras de propiedad estatal fungiendo bajo un solo estamento, mientras las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) fusionarían la distribución y la comercialización.
Otra institución que el presidente electo anunció de inmediato su eliminación fue el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), y prometió que los millonarios recursos que recibía pasarían al sector salud.
Tanto las empresas del sector eléctrico CDEEE y EDES, así como la OISOE y FONPER atraviesan por escandalosos procesos de corrupción, que se ventilan en la justicia dominicana desde que el presidente Abinader asumió las riendas del Estado.
Más grave aún es que las investigaciones del ministerio público involucran a dos hermanos y tres cuñados del expresidente Medina, así como varios exfuncionarios de su gobierno y dirigentes del PLD.
En torno al CEA también habían estallado sucesivos casos de corrupción, algunos de los cuales degeneraron en tragedia.
Cabe destacar aquí la situación que enfrenta exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, preso en la cárcel de Najayo, también acusado por el ministerio de cometer presuntos actos de corrupción administrativa. Rodríguez es cercano colaborador del exmandatario y miembro del comité central del PLD.
Programas sociales
Uno de los éxitos que con mayor fervor se resaltó en el gobierno de Medina (2012-2020), fueron los programas de asistencia social impulsados por su gestión, incluyendo el paquete de ayuda económica para mitigar el Covid-19. Incluyeron Quédate en Casa, Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados (FASE) y Pa’ Ti. Todos fueron desmontados por el Gobierno de Abinader.
En cambio el programa “Comer es Primero” fue transformado en “Supérate” por el actual mandatario, con el objetivo de beneficiar un millón de hogares para recibir 1,650 pesos mensuales, así como el acompañamiento integral para que los beneficiarios puedan acceder a educación y empleo.
Por igual se decidió mejorar la articulación con otras entidades públicas de asistencia social como el Plan Social de la Presidencia, Comedores Económicos, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), entre otras para mejorar la seguridad alimentaria de los hogares.
“Las condiciones de acceso a los programas de asistencia social deben cambiar, debemos eliminar los abusos del pasado y romper con el clientelismo, dotando a los mismos de mayor transparencia y mejorando la articulación con otros programas del gobierno”, plantea Abinader.
Además el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) fue transformado en el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
Visitas sorpresas
La tapa al pomo la pone el gobierno de Abinader , colocando en apuros el programa “Visitas Sorpresa”, buque insignia del presidente Medina en sus ocho años de gestión.
La gestión del presidente Abinader ha confirmado que lo auditaría, y el ministro Administrativo de la Presidencia y presidente del oficial Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, ha revelado que ya habían entregado parte de la documentación requerida por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sobre los procesos de licitaciones y compras que se ejecutaron en ese programa.
La solicitud del órgano persecutor, además, presenta “el histórico de todas las partidas especiales, cuentas especiales, programas, libramientos, cheques con sus endosos, persona física o jurídica receptadora de los fondos, donaciones, auditorías financieras, investigaciones especiales, equipo de coordinación de la misma, incluyendo los montos presupuestados y consignados al programa visitas sorpresa, desde el 16 de agosto 2012 hasta 16 de agosto 2020”, precisa.
En el caso de la gestión de Leonel Fernández (2004-2012), con mayor frecuencia se recurre al contrato de la carretera Juan Pablo Segundo (autopista del Nordeste), que enlaza la autopista Las Américas con Samaná.
