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Motivado en el incremento del crimen organizado, como el narcotráfico, y otros delitos que dan lugar a lavado de activos, en al menos siete países de Latinoamérica han sido aprobadas leyes de extinción de dominio, que tienen la finalidad de que los estados recuperen bienes que han sido obtenido producto de las actividades ilícitas.
En Latinoamérica han incorporado una ley de esa naturaleza en su ordenamiento jurídico Colombia, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Perú. En Argentina también se ha creado ese mecanismo pero mediante un decreto presidencial de necesidad y urgencia.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) creó en el 2011 una ley modelo sobre la materia, a través de su programa de asistencia legal en América Latina y el Caribe, en la cual se recogen las buenas prácticas en su aplicación a nivel internacional.
Ese documento ha servido de parámetro a los países que han promulgado legislaciones sobre extinción de dominio, definido como un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita y que constituye una respuesta eficaz contra el crimen organizado, debido a que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal.
