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El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC), la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) que ordena la realización de un nuevo cómputo de los votos emitidos en la elección del gremio celebrada el 2 de diciembre de 2023.
La instancia fue presentada por el presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, alegando que los jueces del TSE con su decisión violó su competencia contenida en el artículo 214 de la Constitución.
El jurista sostiene que el referido artículo consagra que el TSE sólo es competente para tratar los conflictos atinentes a partidos políticos.
Igualmente, sostiene que el tribunal ha violentado cientos de precedentes del Tribunal Constitucional y del propio Tribunal Superior Electoral que consagra que dicho tribunal no es competente para conocer asuntos gremiales. Solicitó a la secretaría del TSE la suspensión inmediata de dicha sentencia, hasta tanto sea conocido dicho recurso de competencia por parte del Tribunal Constitucional.
Surun Hernández anunció que también están apoderando al Congreso Nacional de una solicitud formal de destitución de dichos jueces mediante el proceso de juicio político, por las faltas graves cometidas contra la institucionalidad democrática en la República Dominicana.
Igualmente, sostuvo que han procedido a apoderar a la Procuradora General de la República a los fines que dichos crímenes no queden impunes y también será apoderado el Tribunal Constitucional para que determine la competencia del TSE.
En su sentencia del TSE, se dispuso que el cómputo de los votos emitidos en la elección del CARD, deberán ser computados de manera separada para cada candidato, quedando vigentes sólo los acuerdos regularmente aprobados.
El tribunal dispuso además que dicha sentencia sea ejecutada en un plazo no mayor de 5 días hábiles, a partir del 15 de enero del 2024.
OPOSICIÓN
El martes 16, la Secretaría de Asuntos Jurídicos del partido Fuerza del Pueblo (FP), expresó su indignación con relación a la reciente sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral, concerniente a las elecciones celebradas para escoger las autoridades del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), donde se atribuyó irregularmente competencia para decidir una acción de amparo concerniente a un conflicto inherente a un gremio profesional.
