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REVOLUCIÓN TÁCTICA EN LA SEGURIDAD PRIVADA: EL DERECHO AL USO PROPORCIONAL DE LA FUERZA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Por el Lic. Juan Pablo Tavera Plasencia

Abogado y experto en seguridad privada

Santo Domingo, R.D.

El diseño y formalización de un Reglamento Interno para el Uso y Control de Armas en el sector de la seguridad privada constituye una necesidad jurídica, operativa y social indispensable. A medida que los servicios de seguridad expanden su cobertura desde la protección de infraestructuras críticas, como entidades bancarias, puertos e industrias, hasta la custodia comercial y residencial, la delimitación precisa de los medios defensivos autorizados resulta crucial. En un marco de derecho moderno, como el de la República Dominicana, definir con exactitud las circunstancias de empleo de armas letales versus armas de letalidad reducida no es un mero trámite administrativo, sino la columna vertebral para la mitigación de riesgos de responsabilidad civil y penal.

1. El Marco Regulatorio como Garantía de Legalidad y Reducción de Riesgos

La función principal de un reglamento interno de armas es traducir el marco legal general, como las normativas dictadas por la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en la República Dominicana, en protocolos de actuación claros y operativos para el personal en servicio.

Un reglamento estructurado permite a las empresas de seguridad:

Estandarizar procedimientos de actuación: Establecer de forma rigurosa los niveles del uso de la fuerza acorde con el principio de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad.

Proteger jurídicamente a la empresa y al vigilante: Definir límites claros sobre el actuar del personal reduce la arbitrariedad en intervenciones de alto riesgo.

Garantizar la capacitación continuada: Fijar requisitos mínimos de formación teórica, práctica y evaluaciones psicológicas periódicas.

2. Criterios de Aplicación: Armas Letales vs. Armas de Letalidad Reducida

La diferenciación operativa entre armas letales y de letalidad reducida debe justificarse a través de una evaluación técnica de riesgos según la naturaleza del objetivo protegido.

A. Armas Letales (Armas de Fuego)

El uso de armas de fuego dentro del sector privado debe quedar restringido exclusivamente a entornos de alto riesgo o donde la amenaza potencial ponga en peligro inminente la vida de las personas o la pérdida irrecuperable de activos de valor estratégico.

Sectores de aplicación:

Sector financiero y bancario: En el transporte de valores, bóvedas y custodia de efectivo.

Industrias estratégicas e infraestructuras críticas: Zonas francas, depósitos aduaneros, plantas de energía y puertos comerciales.

Protección VIP de ejecutivos o personalidades en riesgo comprobado

Protocolos asociados: Exigen protocolos estrictos de custodia, inventario, control de munición diario y políticas estrictas de «cero tolerancia» en el manejo fuera del puesto asignado.

B. Armas de Letalidad Reducida (Taser, Dispositivos Químicos, Bastones Policiales)

En el contexto dominicano, la integración y regulación formal de las armas de letalidad reducida representan un avance transformador para la seguridad privada. Permiten gestionar situaciones de conflicto o intrusión sin escalar de forma inmediata a un desenlace fatal.

Sectores de aplicación:

Comercios, centros comerciales y supermercados: Donde el flujo masivo de personas incrementa el riesgo de daños colaterales.

Zonas residenciales y condominios: Para neutralizar disrupciones, altercados o intrusiones de bajo perfil sin comprometer la seguridad vecinal.

Eventos corporativos y control de accesos corporativos.

Importancia estratégica: Permiten al personal de seguridad controlar a agresores armados con objetos punzocortantes o en actitud violenta no armada, salvaguardando la vida del agresor, del propio vigilante y de terceros.

3. Implicaciones Legales y Responsabilidad Civil

El mal uso o la falta de regulación sobre el armamento genera consecuencias legales directas tanto para el vigilante que accione el dispositivo como para la empresa contratista y el cliente final contratante.

Responsabilidad Penal Individual

Si un vigilante de seguridad privada hace uso desproporcionado o injustificado de un arma de fuego resultando en lesiones o la muerte de un ciudadano, el Código Penal dominicano contempla tipos penales que van desde las lesiones involuntarias o el homicidio culposo hasta el homicidio voluntario. Un reglamento claro sirve como elemento probatorio para determinar si el agente actuó en legítima defensa o bajo un exceso de la fuerza.

Responsabilidad Civil (Comitente – Preposé)

Conforme a la doctrina y jurisprudencia dominicana en materia de responsabilidad civil comitente-preposé (artículos 1382 y siguientes del Código Civil), las empresas de seguridad privada son directamente responsables por los daños y perjuicios causados por la falta o negligencia de sus empleados en el ejercicio de sus funciones.

Sin reglamento formal: La empresa queda desprotegida procesalmente al no poder demostrar que el empleado actuó desobedeciendo normas internas estrictas de seguridad o violando protocolos establecidos.

Con reglamento estructurado: Permite acreditar institucionalmente el cumplimiento de los deberes de cuidado, fiscalización y capacitación, lo cual es determinante para la evaluación de negligencias corporativas durante un litigio civil.

Conclusión

El diseño de un Reglamento de Armas para servicios de seguridad privada en la República Dominicana no es solo un pilar para la organización interna, sino una herramienta indispensable para el control de riesgos jurídicos y operacionales. Al normar con precisión dónde y cómo deben emplearse las armas letales y promover responsablemente el uso de la tecnología de letalidad reducida, se logra un equilibrio entre la efectividad de la protección patrimonial y el respeto absoluto a los derechos fundamentales y la seguridad ciudadana.

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